La contratación pública en Colombia constituye un eje central de la actividad estatal y un campo de riesgo para la materialización de prácticas corruptas. Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) representan más del 90 % del tejido empresarial y han sido reconocidas como sujetos prioritarios de inclusión en el mercado público. Sin embargo, algunos grupos económicos han instrumentalizado el régimen preferencial diseñado para ellas, fragmentando su estructura jurídica para simular pluralidad de oferentes y ejecutar prácticas colusorias en licitaciones públicas.
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