POR: JOSÉ ALBERTO JEREZ REYES – SOCIO FUNDADOR – JEREZ & ABOGADOS ASOCIADOS
El reciente ajuste de la tarifa mínima para los servicios de seguridad privada es una medida que, aunque busca proteger a los trabajadores del sector y cumplir con la reforma laboral, termina trasladando la carga económica directamente a los usuarios. Empresas, instituciones y hogares —que ya enfrentan presiones inflacionarias y mayores costos operativos— serán quienes realmente paguen las consecuencias de este aumento.
El impacto no es menor: la vigilancia privada es un servicio esencial para muchos negocios, conjuntos residenciales y entidades públicas. Subir los costos de manera progresiva hasta superar el 13 % en dos años podría obligar a algunos usuarios a reducir puestos de vigilancia o incluso prescindir del servicio, afectando la seguridad de comunidades y trabajadores.
En la práctica, el ajuste parece responder más a la necesidad de cuadrar los números de la reforma laboral que a una estrategia integral de seguridad. Si el objetivo es mejorar la calidad de vida de los vigilantes, el Estado debería también crear incentivos o alivios que eviten que este mayor gasto recaiga por completo en los consumidores. De lo contrario, el efecto será contrario: menos puestos de trabajo, menor cobertura y mayor sensación de inseguridad.
